La civilización occidental y cristiana, obra icónica de León Ferrari. Fuente: Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho via Getty Images

Cada vez que el presupuesto aprieta, el hilo de la cultura suele ser el primero en cortarse. Y esta vez se corta amparado en una idea que se ha instalado con fuerza en el debate público: la que presenta a la expresión cultural como un gasto prescindible y etiqueta a quienes la producen como un ecosistema de privilegiados que buscan obtenerlo todo gratis a costa del Estado.

Ese reduccionismo economicista revela un profundo desconocimiento de cómo se construye la identidad de un país, y deja al descubierto el sesgo de medir el valor humano únicamente en términos de rentabilidad financiera inmediata.

El mito del "todo gratis" y la trampa de los fondos públicos

Asociar de manera peyorativa a los trabajadores de la cultura con la búsqueda de fondos públicos es una falacia. El arte, la investigación y la memoria histórica requieren financiamiento estatal porque sus dividendos son de otra naturaleza: maduran lento y se miden en el desarrollo de la masa crítica de una sociedad, muy lejos de cualquier caja registradora.

La inversión cultural sostiene pilares fundamentales de la comunidad:

**La cultura genera empleo.** Detrás de cada muestra, festival o libro trabajan técnicos, diseñadores, transportistas, montajistas y educadores.

**El acceso es un derecho.** Sin respaldo público, la cultura se convierte en un artículo de lujo accesible solo para los sectores con mayor capacidad de pago.

**La dependencia es estructural.** Los museos y centros culturales públicos necesitan el resguardo estatal para cumplir su misión de proteger el patrimonio común sin quedar sometidos a las dinámicas del libre mercado.

La política de la asfixia

Ese desprecio por lo que comunica la cultura se traduce, de forma muy concreta, en un abandono material progresivo. Y tiene fecha y responsables: los recortes al presupuesto 2026 aplicados por el gobierno de José Antonio Kast, que según el Observatorio de Políticas Culturales significaron un ajuste del 9,8% para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el más alto entre todos los ministerios y el triple del 3% anunciado inicialmente.

La reciente cancelación de la esperada retrospectiva de León Ferrari en el Museo Nacional de Bellas Artes desnudó esta desidia. Tras cerca de tres años de gestión y coordinación técnica con la Fundación Augusto y León Ferrari —una muestra que debía abrir en junio de 2026 con cerca de 160 obras, entre ellas la emblemática *Civilización occidental y cristiana*—, la dirección del museo tuvo que suspenderla de golpe ante la falta de un presupuesto mínimo para financiar el montaje. Se le restó el oxígeno económico necesario para que un hito de este calibre llegara a la ciudadanía.

Esa misma lógica de desmantelamiento mantiene paralizado al Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). El freno a la construcción de su Gran Sala —un espacio proyectado para 2.000 personas— funciona como la muestra más evidente de este apagón cultural.

Y aquí aparece la contradicción de fondo. Bajo la premisa de ahorrar recursos, el Estado prefirió desembolsar más de $6.200 millones entre indemnizaciones y pagos pendientes a la constructora por rescindir el contrato, antes que terminar la infraestructura pública. Se gasta una fortuna para asegurar que el teatro no exista, mientras se baraja entregar el espacio a concesiones privadas. Si la cultura no deja un margen comercial inmediato, el utilitarismo estatal simplemente busca cancelarla o privatizarla.

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). Fuente: Patrick Donovan / Getty Images

El ahorro que sale más caro

El gobierno defenderá todo esto como responsabilidad fiscal frente a un déficit heredado. Sobre el GAM dirá, además, que el contrato se adjudicó por $114 mil millones —muy por encima de los $72 mil millones licitados— en las últimas semanas de la administración anterior, y lo llamará sobreprecio.

El argumento tiene un problema difícil de esquivar: desembolsar más de $6.200 millones para que una obra pública nunca se levante difícilmente puede llamarse ahorro. Es dinero de todos gastado en garantizar una ausencia. Y la disyuntiva entre "sobreprecio" y "concesión privada" esconde una tercera vía que el discurso oficial prefiere no nombrar: financiar lo público porque es público, sin exigirle que rinda como una empresa.

La mirada corta del poder

Esta política de abandono se comprende a partir del discurso que baja desde la cima. La mirada presidencial dejó al descubierto su matriz ideológica cuando Kast, cuestionando el gasto en investigación, sostuvo que hay estudios que terminan en "un libro precioso, empastado, en la biblioteca" sin generar un solo empleo. Días después matizó la frase ante sus ministros, pero la lógica de fondo siguió operando en los recortes.

Es una visión alarmantemente miope. Reducir la ciencia a la producción en cadena y la literatura a un objeto inerte que acumula polvo en un estante ignora que un libro guardado puede ser la chispa que transforme a una generación. Cuando el liderazgo de un país mide el pensamiento, las artes escénicas y el patrimonio con la misma vara con la que se evalúa una fábrica de tornillos, el resultado es el desierto cultural que hoy se empieza a transitar.

Museo Nacional de Bellas Artes, Santiago. Fuente: AlexandreFagundes / Getty Images

La música también entra en la lista

Nada de esto es un problema ajeno para quienes hacemos música y la comunicamos. El mismo recorte de $51.750 millones que frenó a Ferrari y al GAM golpeó de lleno los fondos concursables: de los $13.087 millones que se restaron a los Fondos Culturales y Artísticos, cerca de $10.767 millones salieron del fomento al libro, la música nacional, el audiovisual y las artes escénicas. En un sector que ya sobrevive de la informalidad y de postular una y otra vez a fondos concursables, cada peso menos es un disco que no se graba, una gira que no sale, un festival que no encuentra cómo financiarse.

Y el daño no se reparte parejo. Al eliminar programas de enfoque territorial y recortar las transferencias a los gobiernos regionales, el golpe cae con más fuerza fuera de Santiago: menos festivales, menos talleres, menos circulación en regiones. Para la música chilena y latinoamericana que se hace lejos de la capital —esa que en este medio seguimos de cerca— significa volver a competir con desventaja por un escenario cada vez más escaso.

Y lo que se asoma puede golpear todavía más fuerte. Hacienda ya evalúa descontinuar para 2027 el Fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el instrumento que desde 1992 financia producción audiovisual chilena mediante concurso público y que ha respaldado títulos tan queridos como *31 Minutos*. A eso se suma que el Fondo Corfo de inversión audiovisual ya perdió la mitad de su presupuesto este año. Descontinuar el CNTV dejaría sin piso a buena parte de la creación audiovisual nacional, un rubro que, igual que la música, depende de estos concursos para sostenerse. La medida todavía no está cerrada, pero que siquiera se baraje muestra hacia dónde apunta la tijera.

Conviene decirlo con números, porque el propio sector los tiene: los gremios estiman que el ecosistema cultural aporta cerca del 2% del PIB. Es una industria que genera empleo, forja identidad y sostiene comunidad, con miles de personas que viven de su trabajo. Recortarla golpea esa base concreta y productiva, la que sostiene buena parte de la vida cultural del país.

Los festivales y la música en vivo, parte del motor cultural que aporta al desarrollo nacional.. Fuente: Radio Concierto

Romper el molde del utilitarismo

La expresión cultural existe para incomodar, para comunicar lo que el poder prefiere callar y para mantener despierta la memoria colectiva. Su razón de ser está muy lejos de decorar despachos oficiales, cumplir cuotas estéticas o engrosar balances comerciales en el próximo trimestre.

Mientras se siga tratando a los creadores como mendigos del presupuesto, a las ideas como inventario sin vender y a los teatros públicos como elefantes blancos prescindibles, seguirá siendo necesario defender las trincheras de los museos y centros culturales.

Garantizar el acceso al arte, al pensamiento y a la memoria es el resguardo de un derecho inalienable y un pilar del desarrollo de cualquier nación. La cultura, las artes y las ciencias forman parte del motor que hace posible el progreso, y su peso en el PIB lo confirma en cifras. Financiar estos espacios públicos asegura la soberanía intelectual de la ciudadanía y sostiene la base misma sobre la cual se edifica la dignidad y el futuro de una sociedad.

Porque un pueblo que solo produce lo que se vende rápido es un pueblo fácil de manipular.